Advierten sobre problemas de morosidad en los juzgados de Familia en Villa Mercedes
Unidos por San Luis presentó un proyecto de resolución en el Senado en base a una nota que envió el Colegio de Abogados y Procuradores de esa ciudad al Superior Tribunal de Justicia donde expone la morosidad en el fuero.
El senador Adolfo Castro Luna elaboró la propuesta en la cual expresa preocupación por la “crítica” situación que están atravesando los juzgados de Familia, Niñez y Adolescencia de la Segunda Circunscripción Judicial.
El legislador se basó en la presentación de una nota del Colegio de Abogados y Procuradores de Villa Mercedes ante el Superior Tribunal de Justicia para exponer la situación. Incluye cinco pedidos de reclamos puntuales vinculados al funcionamiento y, a la vez, manifestaron que se está vulnerando “gravemente el ejercicio profesional”.
Adolfo Castro Luna. (Foto Marcos Verdullo)
“La primera cuestión que se resalta es la grave situación que se presenta a raíz de los inconvenientes en los juzgados de Familia, Niñez y Adolescencia. Los problemas radican en la excesiva morosidad, equívocos y ausencia de respuestas que se manifiestan a diario. Los retrasos son inaceptables”, argumentó el senador.
Castro Luna pidió el tratamiento sobre tablas en la sesión de este martes en la Cámara Alta pero los senadores de Alberto Rodríguez Saá lo impidieron para ser pisado en comisión.
En la iniciativa, señaló que la entidad hace referencia a cuestiones "sumamente sensibles" y que "deben ser atendidas de manera prioritaria", según la legislación vigente.
“Tanto el ejercicio libre y legítimo de la abogacía, como las respuestas que debe dar el sistema judicial a los justiciables son cuestiones que deben abarcarse desde la perspectiva de acceso a la Justicia por parte de la sociedad. En tal caso al tratarse de juzgados de Familia obstaculizando el servicio es importante recalcar lo que las ‘reglas sobre el acceso a la Justicia de las personas en condición de vulnerabilidad’ (redactadas en la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana Brasilia, 4 a 6 de marzo de 2008) sostienen al respecto", expuso.
Estas normas indican, entre otros aspectos, que a las personas se les debe ofrecer asistencia técnica jurídica de calidad, pero para garantizar eso, el Estado tiene que orientar las políticas públicas a facilitar la tarea de los abogados y el resto de los operadores de Justicia.
"En este caso particular es la propia falta de medidas que genera esta situación que está impidiendo el ejercicio correcto de la abogacía y por decantación la falta de acceso al servicio por parte de los justiciables (en su mayoría vulnerables en este caso concreto)”, planteó.
Por último, Castro Luna habló sobre el rol que cumple el Senado porque tiene la función de prestar acuerdo para la designación de jueces, fiscales y defensores en la provincia.
“Tiene gran incidencia en la elaboración de las políticas públicas a las cuales se hace referencia en el documento citado. Por lo cual, es menester que ante esta situación particular este cuerpo, como mínimo se exprese al respecto y no haga oídos sordos ante tal situación”.